Por Axel Frydman
La justicia de Tucumán, mediante el juez federal Daniel Bejas, dictó prisión preventiva y embargos millonarios para los represores Antonio Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Albino Zimmerman y Luis Alberto Cattáneo por genocidio. Fueron procesados por el asesinato, tortura y desaparición de 65 personas, y el embargo es de $ 65 millones para Bussi y de $64 para los tres restantes.
Aunque Bussi y Menéndez están procesados en varias causas, es la primera vez que se les imputan el delito de genocidio, previsto en los tratados internacionales, suscriptos por la Argentina y que tienen rango constitucional desde 1994. Bejas imputó al ex gobernador de facto (1976 y 1977), a Menéndez y a Albino Zimmerman (ex jefe de la policía tucumana), de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas y asociación ilícita.
Sobre estos dos represores pesa media decena de órdenes de prisión preventiva en causas en las que se investigan desapariciones de personas, dado que, entre 1976 y 1977, Bussi estuvo al mando de la V Brigada de Infantería, que dependía del III Cuerpo de Ejército, que encabezaba Menéndez. Desde el 16 de marzo de 2006, Bussi cumple prisión preventiva en el ex arsenal y cada vez que, procedente de Córdoba, Menéndez viene a Tucumán a declarar en algunas de las 500 causas en las que está imputado (o procesado), también se aloja allí.
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