Empezó el juicio al cura represor Von Wernich

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La hora de la justicia para los represores Bussi y Menéndez

Por Axel Frydman

La justicia de Tucumán, mediante el juez federal Daniel Bejas, dictó prisión preventiva y embargos millonarios para los represores Antonio Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Albino Zimmerman y Luis Alberto Cattáneo por genocidio. Fueron procesados por el asesinato, tortura y desaparición de 65 personas, y el embargo es de $ 65 millones para Bussi y de $64 para los tres restantes.

Aunque Bussi y Menéndez están procesados en varias causas, es la primera vez que se les imputan el delito de genocidio, previsto en los tratados internacionales, suscriptos por la Argentina y que tienen rango constitucional desde 1994. Bejas imputó al ex gobernador de facto (1976 y 1977), a Menéndez y a Albino Zimmerman (ex jefe de la policía tucumana), de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas y asociación ilícita.

Sobre estos dos represores pesa media decena de órdenes de prisión preventiva en causas en las que se investigan desapariciones de personas, dado que, entre 1976 y 1977, Bussi estuvo al mando de la V Brigada de Infantería, que dependía del III Cuerpo de Ejército, que encabezaba Menéndez. Desde el 16 de marzo de 2006, Bussi cumple prisión preventiva en el ex arsenal y cada vez que, procedente de Córdoba, Menéndez viene a Tucumán a declarar en algunas de las 500 causas en las que está imputado (o procesado), también se aloja allí.

No a la "Ley Antiterrorista"

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia repudia la media sanción que dio el Senado al Proyecto de Ley Antiterrorista, impulsado por el Poder Ejecutivo, defendido en el Senado por Cristina Fernández de Kirchner y votado por todos los bloques salvo por el senador del Partido Socialista. Esta Ley, que responde a una exigencia de Estados Unidos, modifica el Código Penal pretendiendo calificar como terrorista a todo aquel que intente imponer sus reclamos al Gobierno y extiende enormemente las atribuciones represivas de las fuerzas policiales, de inteligencia interna, de jueces y fiscales.

Mientras tanto los verdaderos terroristas, entre ellos los captores de Julio López y los asesinos de Carlos Fuentealba, siguen impunes. Para exigir a los diputados que rechacen este proyecto convocamos a concentrarnos este miércoles 13 de junio a partir de las 15 hs en el Congreso.

REPUDIO A UN NUEVO SECUESTRO

Los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes repudiamos el secuestro sufrido por Felisa Marilaf, sobreviviente del campo de concentración La Cacha, y esposa de un obrero gráfico secuestrado y desaparecido en 1977 por fuerzas represivas que respondían al entonces jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps. Felisa, que ya había sido amenazada, fue secuestrada el domingo 10 de junio, por la noche, en pleno centro de la ciudad de La Plata, por dos hombres armados que la encañonaron, la subieron en un Ford Scort color gris plomo, como primera medida le pidieron el aparato celular que le había entregado el Servicio de Atención a la Víctima -demostrando que sabían perfectamente que lo tenía- la amenazaron y agredieron durante casi dos horas, recordándole su paso por La Cacha.

No terminó allí la situación, porque una vez liberada, en el estado de conmoción natural por lo vivido, se comunicó con el Servicio de Atención a la Víctima para pedir ayuda. Sin embargo, fueron a buscarla dos agentes de la misma Policía Bonaerense que, además, la llevaron a hacer la denuncia ni más ni menos que a la Comisaría Quinta de La Plata, uno de los más conocidos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la ciudad de La Plata y pieza central del denominado Circuito Camps.

Este gravísimo hecho muestra nuevamente la impunidad con que se mueven los genocidas y sus cómplices, la inoperancia del Estado para ponerle fin, se enmarca en la desaparición de Julio López y en las decenas de amenazas, secuestros y agresiones que venimos sufriendo desde hace ya más de un año, y que denunciáramos en un extenso y detallado documento que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia entregó el día 22 de marzo de 2007 al Sr. Ministro del Interior Aníbal Fernández, sin recibir al día de hoy NINGUNA respuesta.

A solo semanas del inicio del juicio contra el cura represor Von Wernich, nos preocupa profundamente esta situación. Seguimos exigiendo al Gobierno Nacional la APARICIÓN CON VIDA DE JULIO LÓPEZ, y lo hacemos responsable por la integridad física de todos los compañeros que intervienen en los juicios contra los genocidas.

Asociación de Ex Detenidos-Desaparec idos, Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU) , Centro de Profesionales por los DDHH (CEPRODH), Comisión por los DDHH de Uruguayos en Argentina, Comisión por los Derechos Humanos de la ciudad de Trenque Lauquen, Comité de Acción Jurídica (CAJ), Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina, H.I.J.O.S. La Plata, Instituto de Relaciones Ecuménicas, Liberpueblo, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Mesa de Escrache Popular La Plata, Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, Vecinos por la Memoria Olimpo-Orletti

Adhesiones:aedd@exdesaparecidos.org.ar

Hace 16 años la policía mató a Walter Bulacio

Por Axel Frydman

Walter Bulacio (17 años) fue detenido en una razzia policial durante un recital de los Redondos en Obras, en 1991. La paliza que recibió en la comisaría le causó la muerte. El responsable, el comisario Miguel Ángel Espósito, sólo estuvo preso 2 horas y media gracias a la protección del Estado. El mismo Estado que fue condenado en 2003 por la Corte Interamericana de DDHH, sentencia que es sistemáticamente ignorada por los diferentes gobiernos para preservar su mejor herramienta de control social, las detenciones arbitrarias producto de la Averiguación de Antecedentes y los Códigos de Faltas y Contravenciones. Como los asesinos de Teresa Rodríguez, todos los policías responsables fueron privilegiados con la impunidad que el estado garantiza a sus fuerzas de seguridad. Como el maestro Carlos Fuentealba, cientos continúan muriendo a manos de la policía.

Hoy hay:

Nuevos aprietes a militantes y trabajadores
Nuevos presos políticos
Nuevos asesinatos
Nuevos desalojos
Nuevas persecuciones a las comunidades originarias
Nuevas amenazas a testigos de los juicios contra los genocidas

Por eso, marcha este viernes 29 de abril de 2007, con el fin de hacer públicos los más recientes embates represivos existentes.

POR WALTER Y POR TODOS - BASTA DE REPRESIÓN

¡Basta de torturas! ¡Basta de gatillo fácil!
Cárcel a los responsables
Libertad a los presos políticos
Aparición con vida de Julio López

A 20 años del "Felices Pascuas" de Alfonsín

Por Axel Frydman

Hoy, 19 de abril, se cumplen justo dos décadas de aquellos agitadas jornadas de aquella Semana Santa de 1987 -que algunos bautizaron como los "cuatro días que conmovieron a la Argentina"-, cuando los represores, torturadores y asesinos de la dictadura militar se pintaron la cara para lograr la impunidad de sus crímenes cometidos en ese período. Objetivo conseguido mediante la ley de "Obediencia Debida", otorgada y votada en el Congreso por el gobierno de Raúl Alfonsín y avalada por la mayoría de los políticos tradicionales en la llamada "Acta de coincidencia democrática", eufemismo firmado ese día en la Casa Rosada.

A comienzos de diciembre de 1986, el gobierno radical había logrado la sanción de la ley de "Punto Final", que ponía un plazo de 60 días para la presentación de causas por violaciones a los derechos humanos en los juzgados de todo el país. Pero la medida le resultó como un "boomerang", dada la avalancha de casos que se presentaron en los tribunales de todo el país. Así fue como el represor Ernesto Barreiro se negó el 15 de abril de ese año a presentarse a una citación en un juzgado de Córdoba, dando comienzo al "movimiento carapintada" que lanzó a la arena política al hasta entonces desconocido Aldo Rico, y que quería una "solución política" (lease amnistía) contra la búsqueda de justicia por parte de la mayoría de la población, y reinvindicar a su vez todo lo actuado en la dictadura militar del '76.

Al comienzo, Alfonsín convocó a la población a movilizarse y salir a la calle para tener un contrapeso en las negociaciones con los militares mientras intentaba restaurar la cadena de mandos (aunque él ya había planteado un esbozo de "obediencia debida" con los "niveles de responsabilidad" en la campaña electoral. Objetivo desdibujado luego del Juicio a las Juntas de 1985). La gente cantaba en la Plaza de Mayo, aludiendo a un posible intento de golpe de Estado: "Si se atreven les quemamos los cuarteles". Pero luego de cuatro tensos y movidos días, es conocido el desenlace: El 19 de abril de 1987 terminó la rebelión carapintada encabezada por Aldo Rico como respuesta al avance de los juicios por violaciones a los derechos humanos. Una multitud había llenado la Plaza de Mayo para respaldar al gobierno. Raúl Alfonsín (junto a Antonio Cafiero, Oscar Alende e Italo Luder entre muchos otros) anunció el fin del alzamiento desde el balcón de la Casa Rosada. “Felices Pascuas. La casa está en orden”, dijo. Poco después, envió al Congreso la ley de "Obediencia Debida".

Hoy, a 20 años, la lucha por el juicio y castigo vuelve a actualizarse y sigue vigente, porque la casa nunca estuvo en orden.